De acuerdo a las investigaciones, se evidenciaron que esta estructura criminal acondicionaba los puntos de extracción en lugares de difícil acceso, donde ocultaban las válvulas clandestinas mediante técnicas de camuflaje que dificultaban las labores de inspección y detección por parte de las autoridades.
La Policía Nacional, a través de la Dirección de Carabineros y Protección Ambiental, ejecutó la operación estructural «Freya», contra una estructura criminal dedicada al apoderamiento ilícito de hidrocarburos mediante la instalación de válvulas clandestinas sobre el poliducto Sebastopol–Medellín.
En desarrollo de la operación, en coordinación de la Fiscalía General de la Nación, uniformados de la Seccional de Investigación Criminal de la Dirección de Carabineros materializaron 10 diligencias de registro y allanamiento en los municipios de Medellín, Bello, San Luis y San Roque (Antioquia), logrando la captura por orden judicial de 10 personas por los delitos de Apoderamiento de hidrocarburos, Receptación de hidrocarburos, Concierto para delinquir y Daño a la infraestructura energética y petrolera. Durante los procedimientos también fueron incautados cinco teléfonos celulares, elementos que serán analizados dentro del proceso investigativo.
Con esta operación se afecta una estructura criminal que durante dos años se lucró del hurto de hidrocarburos, ocasionando pérdidas superiores a los 8.000 millones de pesos a la infraestructura de ECOPETROL. Además de debilitar sus finanzas ilícitas, se evitó que estos combustibles continuaran abasteciendo actividades de minería ilegal y que un porcentaje siguiera fortaleciendo a la subestructura pacificadores de Samaná del Clan del Golfo, que recibía cerca del 20 % de las ganancias obtenidas por la actividad delictiva.Su modus operandi consistía en instalar válvulas clandestinas sobre el poliducto para extraer combustibles derivados del petróleo, almacenarlos y transportarlos de manera ilegal, con el propósito de abastecer estaciones de servicio de forma irregular, operaciones de minería ilegal y la venta ilícita en diferentes municipios.
Este resultado refleja el compromiso de la Policía Nacional de seguir debilitando las economías ilícitas que amenazan la seguridad y el patrimonio del país, mediante acciones que impactan las capacidades de las estructuras criminales y fortalecen la protección del capital natural y de la infraestructura estratégica de la Nación.
