La Contraloría General de la República encendió las alarmas tras adelantar un seguimiento permanente a los bienes entregados por las extintas FARC en el marco del Acuerdo de Paz, con el propósito de establecer con qué recursos cuenta la Justicia Transicional para cumplir las sentencias relacionadas con la reparación a las víctimas.
El informe, liderado por la Delegada para el Sector Justicia, evaluó el cumplimiento de las órdenes emitidas por la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) en las sentencias TP-SeRVR-RC-ST-No.001 y No.002 de 2025, proferidas por la Sección de Primera Instancia con Reconocimiento. En dicho análisis se evidenció que uno de los componentes clave de estas decisiones judiciales es el restaurativo y reparador, el cual, según cálculos de la propia JEP, requiere una inversión cercana a los $121.858 millones de pesos.
Sin embargo, la Contraloría advirtió que para el año 2026 solo estarían disponibles alrededor de $20 mil millones, lo que deja un déficit considerable para cumplir con lo ordenado en las sentencias. A esto se suma que otros mandatos judiciales, que asignan responsabilidades a entidades del orden nacional y territorial para garantizar su ejecución, no cuentan con recursos presupuestados, lo que pone en riesgo su implementación durante la próxima vigencia fiscal.
En cuanto a los bienes entregados por las FARC-EP, el informe señala que la Sociedad de Activos Especiales (SAE S.A.S.) fue designada como administradora del patrimonio autónomo encargado de estos activos, mientras que la Unidad para la Atención y Reparación Integral a las Víctimas (UARIV) fue definida como la entidad beneficiaria.
No obstante, el ente de control identificó una diferencia sustancial entre los bienes que la antigua guerrilla se comprometió a entregar para la reparación de las víctimas y aquellos que realmente fueron recibidos y monetizados por el Estado. El faltante superaría los $100 mil millones de pesos y, según el informe, incluso se habrían entregado dólares falsos dentro del inventario.
Para la Contraloría, esta situación afecta gravemente la eficacia de los principios de verdad, justicia y reparación establecidos en el Acuerdo de Paz, al generar incertidumbre sobre la efectividad de la justicia transicional y posibles riesgos frente al cumplimiento de las obligaciones del Estado con las víctimas del conflicto armado.
