Mediante misiva enviada al ministro de Defensa Nacional, Mayor General Jorge Eduardo Mora López, la gobernación de Antioquia a través del secretario de seguridad, coronel retirado Luis Eduardo Martínez, hizo solicitud urgente de despliegue de capacidades diferenciales del orden nacional ante amenazas contra mandatarios locales y servidores públicos en Antioquia
Respetado señor Ministro: “Desde la Gobernación de Antioquia expresamos nuestra profunda preocupación y rechazo frente a las amenazas proferidas mediante un panfleto fechado el 7 de septiembre de 2026, atribuido al denominado Estado Mayor Central – Compañía Arnulfo Castellanos del Frente 36, en el cual se hace referencia directa a los municipios de Gómez Plata, Carolina del Príncipe y Santa Rosa de Osos, se individualiza a sus mandatarios locales y se formulan intimidaciones contra autoridades civiles, policiales y militares, líderes sociales, políticos y ciudadanos”
El contenido del documento reviste especial gravedad porque no corresponde simplemente a una manifestación propagandística. En él se utiliza expresamente la categoría de “objetivo militar” contra quienes, según esa organización, colaboren o presten apoyo al Clan del Golfo, y se advierte a las administraciones municipales y guarniciones militares y policiales sobre la eventual ejecución de “acciones bélicas”.
Independientemente de la necesaria verificación técnica de su autenticidad, origen y trazabilidad por parte de los organismos competentes, su circulación genera un riesgo objetivo para los mandatarios señalados, sus familias, servidores públicos, integrantes de la Fuerza Pública y comunidades de los municipios afectados, además de pretender intimidar a la institucionalidad y condicionar mediante la violencia el ejercicio legítimo de la autoridad del Estado.
La situación exige una respuesta inmediata, integral y contundente del Estado colombiano.
Por esta razón, respetuosamente solicitamos al Ministerio de Defensa Nacional disponer, desde el nivel central, capacidades diferenciales, extraordinarias y sostenibles de las Fuerzas Militares y de la Policía Nacional, que complementen y fortalezcan las actualmente existentes en Antioquia.
Particularmente, solicitamos:
1. Disponer una valoración extraordinaria e inmediata del riesgo de los alcaldes de Gómez Plata, Carolina del Príncipe y Santa Rosa de Osos, así como de los funcionarios y comandantes expresamente amenazados, articulando las acciones correspondientes con la Policía Nacional, Fuerzas Militares, UNP y demás autoridades competentes.
2. Fortalecer inmediatamente los dispositivos de seguridad de los mandatarios y sedes administrativas amenazadas, incluyendo acompañamientos, desplazamientos, perímetros de seguridad y demás medidas que técnicamente se determinen.
3. Desplegar capacidades especializadas de inteligencia y contrainteligencia del nivel nacional, orientadas a verificar el origen del panfleto, establecer su autenticidad, identificar responsables, anticipar posibles acciones violentas y determinar las capacidades, redes de apoyo y áreas de injerencia de la estructura que se atribuye su autoría.
4. Reforzar las capacidades operacionales de la Fuerza Pública en el Norte y Nordeste antioqueño, particularmente en los corredores y zonas rurales que puedan facilitar movilidad, refugio, abastecimiento o actuación criminal de estructuras armadas ilegales.
5. Disponer un componente investigativo y de policía judicial especializado, en coordinación con la Fiscalía General de la Nación, que permita judicializar rápidamente a quienes resulten responsables de estas amenazas y de las conductas criminales asociadas.
6. Desarrollar operaciones focalizadas y sostenidas contra los cabecillas, integrantes, redes de apoyo y capacidades criminales de las estructuras armadas ilegales responsables de amenazar a la población y a sus autoridades, dentro del marco constitucional y legal y con pleno respeto por los derechos humanos y el Derecho Internacional Humanitario.
7. Fortalecer las capacidades de vigilancia, reconocimiento, movilidad, reacción y apoyo aéreo, conforme a la apreciación operacional de las Fuerzas Militares y de Policía, para garantizar presencia efectiva del Estado en los territorios bajo amenaza.
8. Establecer un mecanismo especial de seguimiento desde el nivel nacional, articulado con la Gobernación de Antioquia, que permita evaluar permanentemente la evolución de la amenaza, adoptar decisiones oportunas y verificar resultados operacionales y judiciales.
Señor ministro, resulta especialmente preocupante que una organización armada ilegal pretenda señalar públicamente a mandatarios elegidos democráticamente, intimidar a integrantes de la Fuerza Pública y advertir a las comunidades sobre las consecuencias de relacionarse con determinadas personas o instituciones.
Ninguna estructura criminal puede pretender decidir con quién pueden relacionarse los ciudadanos, condicionar el ejercicio de la autoridad legítima ni imponer reglas de comportamiento mediante las armas.
