En una contundente ofensiva por la recuperación de la tranquilidad y la convivencia ciudadana, el GAULA, inteligencia de la Policía Nacional y la Fiscalía General de la Nación, desmantelaron un grupo de integrantes de Delincuencia Común Organizado (GDCO) “El Salado” en la Comuna 13 de Medellín. Mediante ocho capturas por orden judicial y una en flagrancia, neutralizando un modelo de “extorsión totalitaria” que asfixiaba la economía de ciudadanos y comerciantes, respondiendo a un clamor social por el restablecimiento de la seguridad en el sector de San Javier.
La investigación, liderada por la Fiscalía Especializada, reveló que esta estructura no operaba bajo dinámicas criminales convencionales, sino que había instaurado un régimen. Su injerencia llegaba al punto de controlar los precios de la canasta familiar y el transporte público, convirtiendo bienes esenciales en activos ilegales.
Según las investigaciones, financieramente, este monopolio criminal recibía ingresos ilícitos estimados en 200 millones de pesos mensuales, producto de una red de impuesto forzada sobre cada transacción económica en el territorio. Uno de los aspectos más impactantes documentados por los profesionales de policía es el acervo probatorio del sistema de «multas» que regulaba la vida privada de los habitantes de la comuna
Los residentes debían pagar hasta 1 millón de pesos simplemente por realizar una fiesta familiar o evento social sin el permiso previo del grupo delincuencial. Asimismo, la organización criminal se autoproclamaba juez en conflictos vecinales, imponiendo sanciones que oscilaban entre 1 y 10 millones de pesos, utilizando el sector de “La Arenera” como un escenario de intimidación psicológica para garantizar los pagos.
A través análisis de comunicaciones, se descubrió que el cabecilla ordenaba a sus subordinados hacerse capturar voluntariamente, recibiendo un pago de 800.000 pesos con el único fin de ingresar estupefacientes a los centros de detención. La estructura de la operación policial afecta la línea de mando con la captura de alias “Yarlinson”, cabecilla de 25 años, y alias “La Nana”, coordinadora de 55 años encargada de la logística criminal. Durante los operativos se incautó un arma de fuego, seis cartuchos y cinco equipos de comunicación que eran herramientas para las extorsiones.
Con este golpe, la Policía Nacional garantiza la seguridad en sectores como Pedro J, La Loma y Eduardo Santos, impactando directamente la tranquilidad de más de 1.000 personas afectadas por este grupo. El éxito de este resultado radica en la confianza ciudadana: 12 víctimas y testigos, junto con 17 entrevistas detalladas, permitieron que un Juez dictara medida de aseguramiento intramural para los nueve capturados. L
os procesados deberán responder por delitos como concierto para delinquir agravado, secuestro, desplazamiento forzado y, especialmente, el reclutamiento de menores.
